La posición de varios nacionalistas Como la Congresista Verónika Mendoza debiera de servir de ejemplo a los acríticos y soberbios escuderos que piden  "paciencia" a los cajamraquinos, o adjetivan de izquierdistas hipócritas a cualquiera que le pide a Ollanta que cumpla sus promesas electorales con el pueblo, como sí lo está haciendo con la CONFIEP y La sociedad de minería.

MINERÍA Y CONFLICTOS: URGE ATENDER LA AGENDA PENDIENTE

Por:Verónika Mendoza

Congresista por el Cusco (Gana Perú)

La explosión social de rechazo frente a los impactos de la inversión minera en Cajamarca, Apurímac y Ancash no es fruto de pequeños grupos políticos que manipulan la conciencia y la voluntad de los pueblos, sino que es la respuesta a un acumulado de violaciones de derechos, de la imposición y dominación de las empresas mineras y del abandono del Estado en la protección y promoción de las poblaciones locales. El reto está en ver qué agenda plantea esta explosión social. Este nuevo gobierno no puede continuar con la lógica de la inversión “como sea y donde sea”, no se trata solo de decir si determinado proyecto “va o no va” sino de definir por fin una institucionalidad política técnicamente sustentada y democráticamente consensuada, sin caer en el chantaje reduccionista de que sin minería no hay inclusión social.

¿POR QUÉ SE HAN ACENTUADO LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES?

La intensificación de los conflictos generados por la expansión minera tiene que ver con la percepción de que desde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se está siguiendo el mismo camino del gobierno anterior dando visto bueno a las inversiones mineras a cualquier costo social y ambiental. Esto a pesar de la aprobación y promulgación de la Ley de Consulta Previa y sobre cuya reglamentación hay muchas presiones y expectativas. Los empresarios mineros han acelerado sus programas de inversión deslizándose la versión de que “cedieron” con el gravamen minero a cambio de que se concretara la inversión de los aproximadamente 40 mil millones de dólares que involucran a todos los proyectos mineros. Dicha posición -tachada de “chantaje” por algunos- ha concitado también la férrea oposición del pueblo de Andahuaylas de no aceptar la minería ante los funcionarios de los Ministerios de Energía y Minas y de Agricultura.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTOS CONFLICTOS?

Los principales problemas se presentan cuando, luego de entregarse la concesión y realizarse la exploración sin efectuar consulta previa alguna (solo hay acuerdos con compensaciones temporales), se inicia la discusión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la población empieza a percibir el inminente impacto en los ríos, lagunas, puquiales y cuencas involucradas y los potenciales perjuicios para la agricultura por falta de agua. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en los casos Tambogrande, Islay o Majaz. Sin embargo, estos EIA se terminan aprobando con diversas irregularidades, por ejemplo, en audiencias con participación de gente llevada por la propia empresa interesada, desplazando a la población local para garantizar el respaldo al proyecto o, peor aún, aprobando el EIA “con cargo a entregar el estudio hidrogeológico el año 2013” como sucedió en el Proyecto Minas Conga. Frente a situaciones como éstas la indignación de las poblaciones afectadas se acrecienta, más aún cuando empiezan a sufrir los impactos ambientales sin que el Estado haga algo para mitigarlos y establecer sanciones efectivas. La labor de OSINERGMIN no ha dado resultados: 54% de multas no cobradas representan casi 70% del monto total de las multas durante el período 2007-2011.

¿QUE AGENDA URGENTE PLANTEAN ESTOS CONFLICTOS?

Esta situación de incremento de las movilizaciones sociales contra la expansión indiscriminada de la inversión minera -en un contexto internacional de crisis financiera mundial que puede afectar la economía peruana- demanda de manera urgente una nueva institucionalidad que garantice la estabilidad política con respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales, la cual se expresa en la siguiente agenda:

• Aprobación de la Zonificación Económica Ecológica respetando lo aprobado por los Gobiernos Regionales. Aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial y de una moratoria de concesiones mineras mientras no se tengan estos dos instrumentos de planificación. No se puede seguir concesionando el territorio de manera indiscriminada, el Perú no es solo un país minero, es un país mega-biodiverso y ese es nuestro principal potencial. Debe establecerse también un límite al área concesionada en un distrito o provincia. No podemos llegar a extremos como el de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, donde el 97% de su territorio está concesionado a empresas mineras.

• Pronta aprobación del Reglamento de la Consulta Previa recogiendo las propuestas de las organizaciones de los Pueblos Indígenas y respetando el espíritu de la Ley y del Convenio 169 de la OIT. Debe establecerse claramente que la Consulta Previa se realizará antes de la entrega de concesiones mineras.

• Revisión de los EIA observados por las poblaciones y/o autoridades locales y, si corresponde, su adecuación al Convenio 169 de la OIT. La aprobación de los EIA así como la propia Autoridad Nacional del Agua deben pasar a integrar la institucionalidad del Ministerio del Ambiente (MINAM). El Organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA), adscrito al MINAM, debe concentrar la evaluación y fiscalización ambiental además de su labor de supervisión de las instancias de gestión ambiental del Estado. La evaluación de los EIA debe incluir la opinión de los gobiernos regionales. El Estado debe contratar a las empresas evaluadoras, previa transferencia de recursos de las empresas interesadas. Es necesaria, además, la elaboración y aprobación de una guía de evaluación ambiental hoy inexistente.

Estas son algunas de las reformas que están en la agenda hace muchos años y que inciden directamente sobre la gobernabilidad que debe ser entendida no como gestión de conflictos sino como construcción colectiva –e institucionalización- de una agenda que recoja las necesidades y expectativas de las poblaciones, en este caso, de aquellas afectadas por proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura. Solo así podremos desarrollar un Estado más racionalizado y eficiente.